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Cuestionan ganancias de Punta Catalina: Organizaciones denuncian "costos ocultos" por daños ambientales y de salud

 SANTO DOMINGO. – El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) lanzaron una dura crítica contra la administración de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), afirmando que los US$258.4 millones transferidos al Estado en 2025 no son beneficios reales, sino el resultado de no contabilizar los daños masivos al entorno y a la población.

Según las organizaciones, la rentabilidad que celebra la empresa se sostiene sobre la omisión de pagos por la degradación ambiental en la provincia Peravia y el impacto transfronterizo de sus emisiones.


Fuente Externa

La "Zona de Sacrificio": Pesca y Agricultura en ruinas

El informe presentado por los activistas detalla pérdidas económicas devastadoras para los sectores productivos locales:

  • Sector Pesquero: Los pescadores de Nizao habrían perdido más de US$49 millones entre 2019 y 2024 debido a la desaparición de la fauna marina en el litoral.

  • Impacto Agrícola: Denuncian la pérdida total de cosechas de cebolla en 2025 y advierten sobre la ruina inminente de la actividad agropecuaria en el llano de Peravia, valorada en miles de millones de dólares, debido al cambio del pH del suelo provocado por un millón de toneladas de cenizas tóxicas.

  • Inundación Costera: Reclamos por US$13 millones debido a la erosión y avance del mar provocados por el espigón del puerto carbonero.

"Si Punta Catalina pagara estos daños e invirtiera en mitigar su contaminación letal, no figuraría con ganancias, sino como una empresa deficitaria", sentenciaron las organizaciones.


Un desafío a la Salud Pública

La denuncia va más allá de lo económico, señalando un impacto crítico en el sistema sanitario. Basándose en datos del Ministerio de Salud Pública, afirman que en Peravia la incidencia de cáncer, enfermedades respiratorias, cardiovasculares y renales supera con creces el promedio nacional.

Las organizaciones subrayan que los gastos médicos que asumen las familias para enfrentar estas enfermedades producidas por la quema de dos millones de toneladas de carbón al año no figuran en los balances financieros de la planta.

Batalla Legal: Querella por US$3,000 millones

Ante lo que consideran una violación a los derechos constitucionales, más de 500 afectados interpusieron el pasado septiembre una querella exigiendo una indemnización de US$3,000 millones por daños y perjuicios.

Esta acción legal surge tras el fracaso en establecer una "Mesa de Diálogo" acordada en 2023 entre el Estado dominicano y las Naciones Unidas, la cual, según INSAPROMA, ha sido ignorada por la gerencia de la planta y la Presidencia de la República.

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