BARAHONA, RD. – El Ministerio Público se prepara para un golpe final contra el tráfico ilícito en la frontera. Ante la Corte de Apelación de Barahona, el órgano acusador solicitará la ratificación de las sentencias de 10 y 15 años de prisión contra cinco integrantes de la red desarticulada mediante la Operación Iguana.
A pesar de que la defensa de los imputados interpuso recursos de apelación, las autoridades aseguran contar con las pruebas suficientes para que se confirme la condena dictada originalmente por el Tribunal Colegiado de Jimaní.
Los Condenados y sus Sentencias
La estructura criminal, que operaba aprovechando puestos estratégicos en la Dirección General de Migración (DGM), recibió las siguientes penas en primera instancia:
15 años de prisión: Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán.
10 años de prisión: Roberto Méndez Pérez (excoordinador de control en Jimaní) y Johan Rosario Castillo (exinspector de Migración).
Sanción Económica: Cada uno de los procesados debe pagar una multa de 150 salarios mínimos.
La audiencia fue aplazada para el próximo lunes 29 de diciembre a las 9:00 a.m., debido a la ausencia de abogados de la defensa.
Un historial de Secuestro y Chantaje
La investigación, liderada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), reveló la crueldad con la que operaba esta red en la frontera domínico-haitiana:
Víctimas Vulnerables: La red se enfocaba en mujeres, niños y adolescentes. Se les vincula con el secuestro de dos mujeres y dos niñas cubanas.
Cautiverio y Extorsión: Los migrantes eran retenidos contra su voluntad y amenazados hasta que sus familias pagaran los sobornos exigidos.
Abuso de Poder: Funcionarios de migración utilizaban sus uniformes para facilitar el tráfico y chantajear a las víctimas.
Evidencias Contundentes
Durante los nueve allanamientos realizados en provincias fronterizas como Independencia, Bahoruco y Pedernales, las autoridades incautaron:
127 pasaportes extranjeros.
Siete vehículos y un arma de fuego de 9mm.
Efectivo en pesos dominicanos y dólares.
Firmeza contra la Trata de Personas
Las procuradoras de corte Yoanna Bejarán y Wendy González enfatizaron que sancionar estos delitos es vital para proteger la soberanía y los derechos fundamentales. El grupo enfrenta cargos por violación a la Ley 137-03 sobre Trata de Personas, secuestro, uso de armas ilegales y delitos de alta tecnología.
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