En un acto que marca un hito histórico para la justicia dominicana, la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, dejó formalmente inaugurada la expansión nacional del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic). La iniciativa incluye la integración de 100 nuevos abogados defensores y la apertura de 37 oficinas distribuidas en todas las jurisdicciones del país, garantizando asistencia legal gratuita a los sectores más vulnerables.
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Durante la ceremonia, celebrada en presencia de la primera dama, Raquel Arbaje, y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, la procuradora afirmó que esta expansión salda una "deuda histórica" con las víctimas del delito. "Ya las víctimas no enfrentarán la maquinaria del proceso penal en desventaja. Hoy les decimos que su voz es nuestra voz", enfatizó Reynoso al juramentar a los nuevos profesionales especializados en victimología y derecho penal.
Impacto y cifras del Relevic El fortalecimiento del Relevic no es solo nominal. Según informes estadísticos de la institución, entre 2020 y 2025 el servicio ha logrado:
22,972 audiencias realizadas.
1,182 sentencias obtenidas a favor de las víctimas.
Más de RD$1,259 millones en indemnizaciones logradas para resarcir daños.
Con la incorporación de esta nueva promoción, el cuerpo técnico asciende a 146 abogados y 6 coordinaciones regionales, quienes actuarán como querellantes y actores civiles. El objetivo es asegurar que la justicia no sea un privilegio de quienes pueden costear defensa privada, sino un derecho accesible para todos, con especial énfasis en casos de violencia de género, trata de personas y protección de menores.
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La directora de Relevic, María Rosalba Díaz, subrayó que el servicio ofrece un portafolio integral que incluye desde la orientación jurídica y la interposición de querellas hasta el acompañamiento psicológico. Este despliegue territorial, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), elimina las barreras geográficas que históricamente limitaban el acceso a una tutela judicial efectiva en la República Dominicana.

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